HOY HACE 3 AÑOS QUE EL NACIONALISMO NOS DIO UN GOLPE DE ESTADO (TERESA FREIXAS)

 

Hoy hace 3 años que el nacionalismo nos dio 

un golpe de Estado

 

LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Les seves conseqüències estan sent letals per als catalans.

 

Los días 6 y 7 del mes de septiembre de 2017 no deben olvidarse. Y para recordarlo no hi ha millor cosa que repassar l’imprescindible llibre de la dra. Teresa Freixes 155, los días que estremecieron a Cataluña. Así cuenta la catedrática de Derecho Constitucional lo que ella llama “los plenos de la vergüenza”:

"Son aquellos dos días en los que sin respeto del reglamento parlamentario ni del Estatuto de Autonomía ni de la Constitución, el rodillo secesionista del Parlamento de Cataluña aprobó la autodeterminación  y establecer la República catalana como estado independiente. 

Para ello, previamente, escenificando lo que en puridad ha sido todo un protocolo de golpe de Estado, adoptaron una reforma del reglamento del Parlament mediante la cual se pudieran aprobar esas leyes sin que la oposición Parlamentaria pudiera discutirlas ni enmendarlas. (…)

El Parlament de Cataluña había adoptado previamente, un año antes, una resolución en la que, desobedeciendo los dictados del Tribunal Constitucional acerca de la imposibilidad de continuar adelante con la “desconexión” de España, preparó el procedimiento que nos ha situado ante un golpe de Estado, un golpe a la democracia.

Hablemos, pues, claro. Punto por punto. Lo que han pretendido JxS y la CUP, que siguen sacramentalmente en todos sus términos el denominado “Full de Ruta” que describe todos los pasos a dar, no puede ser calificado más que como un golpe de Estado. Efectivamente, en la propuesta de resolución, el Parlament afirmaba: “Se declara solemnemente el inicio de creación del estado catalán independiente en forma de república”. No existe ninguna base legal, interna o internacional, que pueda fundamentar tal declaración. Ello consiste en una mera vía de hecho golpista, al margen de cualquier fundamento jurídico, contraria a la Constitución que democráticamente adoptamos los catalanes, junto con el resto de españoles, en 1978.

Esta resolución (todavía no se trataba, en aquel momento, de las leyes de desconexión sino de la declaración política que las habilitaba) es radicalmente contraria al ejercicio democrático de la soberanía nacional, que la Constitución atribuye al pueblo español, pues pretende atribuir la titularidad de la soberanía y del poder constituyente al Parlament, proclamando al mismo tiempo la apertura de un proceso constituyente para adoptar una constitución catalana. En la resolución se insta al gobierno catalán a quedar supeditado al cumplimiento, en exclusiva, de las normas y resoluciones adoptadas por el presente Parlament, con la finalidad de “blindarse” ante las de procedencia española. Y el Parlament, por su parte, queda también sujeto a la acción golpista, puesto que no se supeditará, se afirma, a las instituciones españolas ni, sobre todo, a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Todo ello encaja perfectamente en lo que Curzio Malaparte, en su obra, “Técnicas de  golpe de Estado” (1931), señala como elementos constitutivos de tal acción: Operación ilícita, ejecutada desde instituciones de poder, contra el poder legítimo, dirigida a alterar o modificar la estructura del Estado. No se necesita mucha gente para ello. Según Malaparte basta con que unos mil técnicos bloqueen las capacidades del Estado y hagan creer a la mayoría de la población que ello es lo adecuado y que deben mantenerse neutrales. De hecho, la Generalitat, entre funcionarios serviles y contratados “ad hoc” directamente o por las asociaciones afines, cuenta con más de 30.000 personas que únicamente trabajan para esto. (…)

No es tampoco necesario, como se afirmaba en la teoría política clásica hasta hace relativamente poco tiempo, el uso de la fuerza para estar ante un golpe de Estado. (…)

Hablemos, pues, claro. Lo que se ha perpetrado, en los plenos de la vergüenza, es un golpe a la democracia, mediante la técnica del golpe de Estado.

Pero, sigamos con los plenos. El primero, tras la reforma del reglamento, declarada inconstitucional posteriormente por el Tribunal Constitucional (TC) por no permitir la introducción de enmiendas en el procedimiento de lectura única, fue el que aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación. Resultó penoso seguirlo en televisión, viendo cómo parlamentarios electos realizaban la peor burla a la democracia, aprobando una ley cuyo proyecto fue preparado en secreto y aprobado sin enmiendas ni discusión, por más que la oposición parlamentaria solicitó, suplicó de hecho, que se pudiera debatir y que se pudiera enmendar.

La ruptura institucional comienza reformando el reglamento del Parlament para refundir en un único procedimiento el de lectura única con el de urgencia, haciendo que, de hecho, no fuera posible la presentación, ni la discusión de enmiendas. Aprobar esta reforma del reglamento del Parlament desnaturaliza las funciones propias de la democracia representativa porque los representantes electos no pueden realizar las funciones que les son propias. (…) Sin que la Mesa del Parlament atendiera a razones, se aprobó la reforma, que tuvo que ser impugnada y, posteriormente, declarada contraria a la Constitución si el Parlament no volvía a modificar el reglamento introduciendo la posibilidad de discusión de enmiendas. (…)

El 6 de septiembre, pues, en el primer pleno de la vergüenza, se aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación. (…) Si ya antes de haber conocido el texto de ese engendro jurídico que es el proyecto de “Ley del derecho de autodeterminación”, ya estaba claro que el referéndum no se podía hacer, por haber sido declarado contrario a la Constitución reiteradamente por el Tribunal Constitucional, una vez conocido el mismo no cabía más que reafirmarse en el no rotundo a su celebración. Y ello por varias razones, tanto de legalidad como de legitimidad.

Nunca se puede aceptar un referéndum “de entrada” para decidir sobre algo que no sabes a qué te va a llevar.  (…) Pero aquí el secesionismo no nos ofrece un modelo de convivencia a refrendar, quiere imponernos, mediante una votación que desnaturaliza la institución del referéndum, un modelo político totalitario que los demócratas no podemos dejarnos imponer. Por razones de legalidad y, repito, también por razones de legitimidad.

Por razones de legalidad, es necesario insistir en que el proyecto no cumple con los estándares formales, constitucionales e internacionales. El Derecho internacional exige, y la Comisión de Venecia así lo establece en su “Código de Buenas Prácticas sobre Referendos”, que cualquier referéndum (quieren llamarlo de autodeterminación, pero hasta ahí se equivocan, pues, técnicamente, sería de secesión, es decir, cuando un territorio se separa de un Estado del que forma parte, pues el de autodeterminación está dirigido a las entidades coloniales) esté constitucionalmente previsto (es decir, autorizado) y que esté vigente, como mínimo desde un año antes, una ley reguladora, pues se cree necesario que la población pueda tomar perfecto conocimiento de la misma. En nuestro caso ni existe la previsión constitucional y la ley reguladora, anticonstitucional, se aprobó pocas semanas antes de la realización de la consulta. Desde el punto de vista formal, pues, no se cumple con ninguno de los requisitos.

Las razones de legitimidad giran en torno al contenido que tiene que tener una ley reguladora del referéndum en una sociedad democrática, tal como también refiere la Comisión de Venecia en el Código antes citado y tal como lo ha manifestado en diversos Dictámenes sobre casos concretos como Montenegro y Crimea (…)

Como principios generales, hemos de recordar que el Derecho Internacional reconoce el derecho de autodeterminación en los procesos de descolonización y el de secesión cuando se trata de territorios en los que viven minorías sojuzgadas, es decir, que sufren graves violaciones de los derechos humanos. Ni una cosa ni la otra son aplicables a Cataluña. El hasta hace poco Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon así lo manifestó expresamente, lo ha reiterado el actual Secretario General, Guterres, y, en la página web de Naciones Unidas, en las que se contiene el listado de territorios sujetos a tales derechos, Cataluña ni está, ni se la espera. Además, no se sostiene por ningún lado la afirmación que realiza el proyecto de que el principio democrático está por encima del de legalidad, puesto que en el constitucionalismo democrático actual, los principios se sitúan todos en el mismo plano jurídico y ninguno prevalece sobre el otro. Ley y democracia están indisolublemente unidas y no existe la una sin la otra. (…)

El proyecto que el Govern y Junts pel Sí presentaron a la Mesa del Parlament, además de haber sido considerado contrario a la Constitución por unánime opinión del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, pretendía ser aprobado, como así fue, mediante el procedimiento legislativo “exprés”, en lectura única y sin debate ni enmiendas, regulado en la reforma del Reglamento del Parlament que fue impugnado por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional. (…)

Estamos, pues, ante lo que ha sido calificado desde diversas instancias jurídicas, ante un verdadero golpe de estado institucional (…) Si el Gobierno de España hubiera activado el Art. 155 en ese momento, nos hubiéramos podido evitar todo lo que ha venido a continuación (…) Ningún país democrático puede mantener sin activar los resortes máximos de defensa del orden constitucional, cuando se produce un ataque de tal envergadura. Pero el Gobierno español no supo, no pudo, o no quiso reaccionar y todo lo encomendó a la impugnación ante el Tribunal Constitucional, necesaria pero no suficiente (…)

El segundo pleno de la vergüenza tuvo lugar el 7 de Septiembre. En él fue aprobada, con la misma técnica del procedimiento “exprés”, la Ley de transitoriedad jurídica e instauración de la república. Esta ley no sólo constituye un golpe para la institucionalidad y la democracia en Cataluña. Pretende destruir el orden constitucional de 1978 y la libertad que con ella nos dimos. Porque la Constitución fue aprobada por el conjunto de la ciudadanía y para toda la ciudadanía y todo el territorio de España. Romper eso es romper el sistema, es un torpedo en la línea de flotación no sólo de Cataluña sino también de España y de Europa. Lo saben. Y por ello, además del secesionismo, el populismo de todo pelaje apoya lo que el secesionismo promueve en Cataluña00N

Vergonzantemente, estas leyes, estos proyectos o proposiciones de ley, se han preparado en secreto, dicen que porque así dificultarán tanto las enmiendas como la segura impugnación ante el Tribunal Constitucional. (…)

Afirmaban, con una aprobación “exprés” de las normas, en las horas que transcurrirían entre la aprobación en el Parlament y la admisión a trámite del recurso, que suspende su aplicación, podrán proclamar “legalmente” esas leyes de desconexión, buscando la independencia de facto, instaurando esas “estructuras de estado” que con ellas quieren contribuir a poner en pie.

Es decir, que, aunque con otro mecanismo leguleyo, querían hacer como si estuviera en vigor ese artículo 2 que he citado anteriormente, de la denominada Ley Habilitante alemana de 1933, por el que la República de Weimar dejó de existir dejando expedito el camino a la formación del régimen nacionalsocialista. De hecho, la llamada Ley de transitoriedad jurídica, no es más que la habilitación de la instauración de la anticonstitucionalidad como si de un régimen legal se tratara.

Intentaron también ahí hacer creer que mediante esa Ley de transitoriedad, se pasaría “de la ley a la ley”, es decir, que dejarían “legalmente” de aplicarse leyes españolas para ser sustituidas también “legalmente” por leyes catalanas. Ello es una falacia, jurídicamente hablando. (…) el Parlament de Cataluña sólo puede legislar en el ámbito de sus competencias, que están definidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de 2006. Entre tales competencias, evidentemente, no está la de romper con el sistema constitucional vigente desde 1978. (…)

La situación es muy grave en Cataluña. Por una parte, el Govern y el Parlament fueron suplantados por ANC, Ómnium y AMI, que asistían a reuniones en el Palau de la Generalitat, junto con personas que no tienen responsabilidades gubernamentales, como Artur Mas o el propio Jordi Pujol, además de diversos miembros de la CUP. Los hemos visto en reuniones previas a la toma de decisiones gubernamentales importantes y nos preguntamos que con qué legitimidad, puesto que nadie los ha elegido. (…) El retraso en la activación del art. 155 de la Constitución o, en su defecto, la no aplicación subsidiaria de otras normas como, por ejemplo, la Ley de seguridad nacional, han facilitado que todo ello se agrave”.

Això és lo que ens va fer el nacionalisme el setembre de 2017: un cop d’Estat. Y lo que no hizo el Estado: pararlo cuando debía con liderazgo y estado de Derecho. Les conseqüències només estem començant a patir-les: decadencia económica, división social, bloqueo político, degeneración de las instituciones, hundimiento de servicios sanitarios o educativos, delincuencia, falta de autoridad de los gobernantes, desprestigio nacional e internacional… Un procés abrasiu, llarg i paulatí que està ensorrant Catalunya. Tot això ens ho ha portat el nacionalisme.

No lo olvidemos.