Primer caso tipificado como atentado a la autoridad
La falta de respeto de la que hacen gala algunos alumnos y familias ante los profesores tiene su origen en la pérdida de autoridad moral de los docentes frente a la sociedad. La falta de prestigio social de la profesión va en aumento. El problema se ha generalizado de tal manera que los ministros de Educación de la Unión Europea están estudiando el conflicto para invertir esta tendencia. María Badía, eurodiputada socialista, dice que “los profesores cada día están más superados, pero no es culpa suya, se enfrentan a muchas dificultades añadidas a la labor de enseñar y deben suplir la falta de tiempo de los padres, todo en un ambiente donde se mezclan diferentes culturas y orígenes sociales. Están desbordados y esto lleva a una falta de reconocimiento de su tarea”.
La actitud hiperprotectora de algunos padres, que con frecuencia lleva aparejada una desautorización del profesorado, y la falta de normas en casa junto con la creencia de que todo el mundo sabe mas de educación que los mismos profesionales ha llevado a situaciones límite de agresiones verbales y físicas por parte de los mismos progenitores de algunos alumnos.
Hoy recogen varios diarios la noticia de una sentencia ejemplar e inédita: Un año de prisión, dos multas que ascienden a 510 euros, la prohibición de acercarse durante seis meses a menos de 200 metros del colegio público Eduard Marquina de Barcelona y el pago de 6.500 euros de indemnización. Esta es la condena que la jueza de Barcelona Araceli Aiguaviva ha impuesto por atentado contra la autoridad a Montserrat M. G. y a Juan V. A., padres de un alumno de ese colegio que el 11 de octubre del 2006 agredieron a la jefa de estudios e insultaron y amenazaron a la directora y a la conserje del centro.
En el texto judicial hay un argumento para reflexionar acerca de la violencia en las aulas: quienes atacan a los que ejercen la docencia pública degradan la autoridad necesaria para la vida democrática. Según la magistrada, los poderes públicos deben garantizar el disfrute de los derechos a la educación y a la salud pública recogidos en la Constitución y también el ejercicio profesional de los educadores y los sanitarios.
Este es el primer caso en el que la agresión y las amenazas a unas maestras se juzga por atentado contra la autoridad al ser las tres víctimas funcionarias. Hasta ahora, las agresiones a profesionales de este colectivo eran tratadas como una lesión. El cambio de calificación jurídica supone una modificación muy importante en la dureza de la pena: mientras el delito de atentado puede llegar a ser castigado con prisión, las lesiones, si son leves, casi siempre se saldan con una multa. La jueza destaca que este tipo penal no se refiere solo a los agentes de las fuerzas de orden público, sino que desde hace unos años -cita varias sentencias- engloba a todos los profesionales, en especial a los que trabajan como funcionarios en la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, siempre que se hallen ejerciendo una "función pública" y si el agresor conoce esta labor.
No entiendo de leyes ni de códigos penales, pero no me parece correcto que la violencia en las aulas públicas tenga un tratamiento legal diferente que si tiene lugar en las privadas concertadas o sin concertar. Parece ser que en el campo sanitario ocurre lo mismo. No es lo mismo atacar a un médico de la Seguridad Social o de una clínica privada. Las agresiones a no funcionarios, según el fiscal José María Mena, deben ser tratadas por los tribunales como un delito de lesiones, tal como ocurre con cualquier otro ciudadano. Incluso hay juristas que estiman que puede haber diferencias si el agredido es médico o enfermero. No lo entiendo, salvo que la legislación esté tan obsoleta que todavía distinga categorías de personas en función de su titulación o de que desempeñen una labor pública o privada.
Todas las personas, independientemente de su condición social, merecen la misma consideración legal y jurídica. Los derechos y los deberes son o deben ser los mismos para todos. Esta sentencia, que me ha gustado porque protege a unos profesionales de la docencia injustamente agredidos, cuestiona la supuesta igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. O es igual para todos como indica el artículo 14 (cap. 2º) de la Constitución o algo falla. Y en este supuesto, habrá que abordar el problema en toda su dimensión.
Tu escrito me dá en que pensar...
ResponderEliminarSintetizo y pienso que, entre el "sí señor de carrasca" de mi padre y la degeneración de la sociedad actual, en casi todos los ámbitos. Hace que me pregunte. ¿Habrá algún punto medio que nos encauce al razonamiento y sobre todo, al respeto común debido, entre individuos?
Un abrazo. Etel.